Que violencia política de género sea delito electoral, plantea Fepade

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) propondrá una reforma en materia de delitos electorales para incluir nuevos, como el de violencia política de género y firmas falsas para apoyar candidaturas independientes, que presentará al Senado de la República en octubre próximo.

CDMX a 20 de Septiembre de 2018.- La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) propondrá una reforma en materia de delitos electorales para incluir nuevos, como el de violencia política de género y firmas falsas para apoyar candidaturas independientes, que presentará al Senado de la República en octubre próximo.

Al participar en la presentación del informe final de observación electoral “Casilla Única: Avances y retos en la Justicia Electoral 2018”, el titular del organismo, Héctor Díaz Santana, indicó que para ello se realizan foros regionales en los que se debate la inclusión de nuevos delitos en materia del electoral, que debido al nuevo contexto y las recientes reformas de 2014 se han generado.

Aseveró que la Fepade está haciendo foros públicos “para integrar nuevos tipos penales, la Ley General en materia de delitos electorales es la más reglamentada del mundo, tenemos más de 200 delitos penales, pero la elección pasada demostró que es necesario hacer algunos ajustes de carácter estructural”.

Esta iniciativa, derivada de los foros públicos que se hacen con el apoyo del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) y organizaciones sociales, se presentará en octubre próximo en el Senado, para que la consideren en una posible reforma que se realice en el futuro, subrayó el funcionario.

Expuso que en delitos que rompen la equidad en la competencia política, como financiamiento y gasto irregular en las campañas políticas, se deben aumentar las penas y consideró que la Fiscalía debe trabajar más en prevención.

Adelantó que están elaborando un análisis para acabar con la impunidad; se presentará una campaña nacional sobre una política pública y transversal de prevención del delito electoral, pues es fundamental trabajar en la construcción de ciudadanía y prácticas democráticas.

Asimismo, informó que trabajan en un documento que establece cuáles son las necesidades vitales para tener una fiscalía electoral mucho más eficiente a la hora de la procuración de la justicia penal electoral.

Apuntó que entre las mayores aportaciones que se vieron en el pasado proceso electoral fue el diálogo que se dio entre las organizaciones sociales e instituciones de carácter electoral y la Fiscalía, lo que es fundamental para la legitimidad, confianza y mejora continua de la organización de los comicios.

Díaz Santana señaló que en enero de este año, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorale tenía mil 700 averiguaciones previas, dos mil 200 carpetas de investigación, tres mil 800 números de atención y ocho mil casos, algo que no había sucedido antes, pero aclaró que no tiene que ver con que hayan aumentado los delitos electorales, sino que hay más participación ciudadana para denunciar y cuidar las elecciones.

Recordó que en las pasadas elecciones se desplegó un número histórico de servidores públicos para la procuración de justicia, 14 mil 600, de los cuales 14 mil 150 fueron apoyo de funcionarios públicos de la Procuraduría General de la República, lo que permitió estar en todas las entidades federativas para inhibir delitos electorales.

Finamente, consideró necesario crear un área de inteligencia, a fin de generar escenarios para la atención de las denuncias y adelantarse a algunos temas que puedan venir.

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