Acusa Hernández Soriano de negligencia criminal a autoridades vinculadas al nuevo aeropuerto

CDMX a 12 de Abril de 2018.- En representación del Congreso de la Unión, el diputado Rafael Hernández Soriano exigió a las autoridades federales, del Estado de México y de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) dejar ya de lado su negligencia criminal, tomar medidas preventivas y correctivas en torno a las irregularidades en esta obra, cancelar contratos a las empresas que delinquen al proveerle servicios, actuar penalmente contra los responsables y reparar los daños causados.

Como presidente de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados para darle seguimiento a la construcción de la nueva terminal aérea y en reunión de trabajo con representantes de comunidades perjudicadas y con funcionarios estatales y del GACM, recordó y reiteró que ya hay múltiples denuncias, incluso desde hace años, como para tener resultados de investigaciones, aplicación de sanciones y remediación de perjuicios, en lugar de sólo pretextos.

El parlamentario perredista lamentó que los representantes gubernamentales y del GACM hayan llegado a esta reunión a plantear medidas dilatorias -como realizar estudios adicionales a los ya hechos para tener, según ellos, evidencia de los daños ambientales, arqueológicos, patrimoniales, así como a la salud y seguridad de miles de vecinos provocados de mediados de 2016 a la fecha– y no a proponer medidas concretas para detener los agravios y revertirlos.

Señaló que los estudios, como el de impacto ambiental en el predio de la construcción y en los municipios de donde se le provee material, debieron haberse hecho mucho antes precisamente para prevenir daños irreversibles e irreparables, como la desaparición de cerros completos, la contaminación de cuerpos de agua y la erradicación de especies en peligro de extinción de la región.

Insistió en que esta obra es de suma importancia para el país y por lo mismo es obligación del Congreso de la Unión, a través de sus diversas instancias -en este caso, la Comisión Especial que encabeza- realizar la más estricta fiscalización sobre los recursos públicos que se le invierten y sobre las compras y contrataciones que con ellos se realizan, de modo que sea socialmente útil y económicamente viable.

Tras el testimonio y presentación de pruebas y denuncias de vecinos de San Nicolás Tlaminca, Altica, San Agustín Actipan y Cerro Gordo, respectivamente de los municipios de Texcoco, Tepetlaoxtoc, San Juan Teotihuacán y San Martín de las Pirámides, por los daños que han tenido, advirtió que tal como se ejecuta el proyecto no cumple con su objetivo de utilidad social.

Además, sus responsables incurren en delitos de diverso tipo, tanto de competencia federal como estatal, cuyas consecuencias ya son graves al momento y lo serán mucho más en unos cuantos meses o años si las autoridades no hacen a un lado su indolencia y si no actúan de inmediato incluso con medidas ejecutivas.

Lo mismo que los vecinos de esas comunidades, reiteradamente consideró una ”barbaridad” la ignorancia de las autoridades presentes en esta reunión sobre diversos aspectos relacionados con la obra, como el número preciso de minas legales e ilegales existentes en esos y otros municipios de donde se le abastece de piedra, tezontle y tierra al terreno fangoso del predio donde se construye el nuevo aeropuerto; sobre el número de especies vegetales y animales -como el ajolote- que orillan a la total extinción con la destrucción de su hábitat; sobre la violación de normas ambientales, administrativas, penales y de protección al patrimonio arqueológico y artístico, y sobre el daño al Estado Mexicano por el hecho de que varios de proveedores de servicios -como los transportistas de material- utilizan combustible robado o “huachicol”.

Lo mismo que los vecinos, hizo patente su indignación por la serie de irregularidades en que se incurre, como la continua contratación de empresas que incurren en ilícitos, entre ellos el uso ilegal de explosivos C4 en la explotación en minas ilegales de donde se extrae material de relleno para la nueva terminal-, pues de acuerdo con documentos oficiales no había ni permiso para tal uso ni para la operación de las minas donde se detonaron.

Además del presidente de la Comisión, participaron en esta mesa de trabajo los diputados Jesús Emiliano Álvarez López, de MORENA, y Claudia Sánchez Juárez, del PAN, quieren reconocieron, respaldaron y alentaron el interés, preocupación y acciones de Hernández Soriano a favor de los vecinos y los municipios afectados por la obra.

Por parte del GACM acudieron Jorge Alarcón, coordinador de Enlace Sectorial, y Alejandro Virchez, coordinador de Medio Ambiente y Sustentabilidad, así como Rolando Vázquez, Benjamín Granados, Jessica Arizmendi y Mario Vázquez. Por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes acudieron Miguel Ángel Uribe y Blanca Vélez, en tanto que por el gobierno del Estado de México llegaron, de la Secretaría del Medio Ambiente, Nicolás Mendoza Jiménez, y de la Procuraduría de Protección al Ambiente, José Luis Jiménez Ruiz.

A ellos y a los responsables de dependencias federales con competencia en este proyecto -como las secretarías de Comunicaciones y Transportes, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de la Defensa Nacional, así como la Procuraduría de Protección al Ambiente y la Procuraduría General de la República- Hernández Soriano y los vecinos exigieron acciones urgentes y no exponer sólo pretextos o medidas dilatorias.

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